Runrun.es: El retroceso de 40 años que adelantará la Asamblea Roja mañana

diciembre 14, 2010 6:57 amPublicado en: Opinión, Titulares

Si ya hemos explicado en diversos escritos lo que significará la reforma a la Ley Resorte o Mordaza en cuanto a eliminar los circuitos de radio, los circuitos de televisión, la imposibilidad de plegarse a transmisores de servicio de Tv por cable o satélite o a conectarse a la Internet, considero oportuno reproducir lo que el colega Víctor Suárez, destacado periodista del área de la tecnología y la comunicación, escribió en su servicio Inside Telecom:

Reforma de Ley Telecom retrocederá actividad 40 años

Volver al pasado. Así califican algunos consultados el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que hoy día fue liberado por la Asamblea Nacional y que se estima comenzará a discutirse la próxima semana en conjunto con el proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión, Resorte. El texto, prácticamente condena, con el cambio en el artículo 5, el desarrollo de las telecomunicaciones en Venezuela, al considerarlas como Servicio Público y, de esta manera, elimina el concepto de Actividad de Interés General, que ha sido el gran incentivo para que muchas empresas hayan tomado la decisión de invertir en el país en los últimos 10 años.

«En dos sesiones, se perderá todo lo que se ha logrado en 10 años,» dice un experto conocedor de la Ley que ve, en la reforma de ésta, un peligro enorme para que el desarrollo del sector continúe.

Y es que de esta manera el Estado, bajo esa nueva directriz, en caso de aprobarse, regulará y controlará de forma automática todos los servicios y, además, tendrá la obligación de ofrecerlos en caso de que un operador privado decida marcharse del país, pues al estar la actividad regida como Servicio Público, el Estado debe garantizar el servicio que otro haya dejado de ofrecer.

Además, la estructuración del nuevo artículo cinco, también frenará las inversiones en redes e infraestructuras por parte de las empresas privadas, pues al convertirse la actividad en servicio público, nadie le garantiza a una empresa que sus infraestructuras e inversiones estén exentas de ser asumidas por el Estado en casos que ellos consideren necesarios para el bien de la nación o para el beneficio del pueblo.

«Esta reforma hace vulnerables a las empresas» dice un ejecutivo del sector consultado, que además, considera que el sólo hecho de que el Estado se reserve los servicios de radiodifusión sonora y televisión abierta, así como los de radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias sin fines de lucro y de producción nacional audiovisual, generan incertidumbre en todos los ámbitos de participación de los ciudadanos y del sector empresarial.

Otro de los puntos discordantes de la Ley está en la regulación de precios, que ahora se convierte en tarifas y que, aún cuando el proyecto de reforma dice que sólo serán reguladas las tarifas de telefonía fija y larga distancia, deja abierta la puerta para que, cuando lo consideren necesario, pueda establecerse la regulación de tarifas en otros servicios de telecomunicaciones por el bien de la nación.

Al convertirse la Ley en Servicio Público, el concepto de Servicio Universal deja de tener efecto, pues éste se desarrolló para que, a través del aporte del 1% de los ingresos brutos de las privadas, el Estado pudiera llevar servicios a zonas marginadas de telecomunicaciones.

Y es que ahora que será Servicio Público, de aprobarse el texto a reformar, el Estado debería eliminar el Servicio Universal y su Fondo de aportes y así concentrar los esfuerzos en las obligaciones que tendrá, dice una fuente consultada.

En el año 2000 cuando se aprobó la actual Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el único Diputado del congresillo que votó en contra de uno de los textos más modernos del mundo, fue precisamente el hoy vicepresidente de la República, Elias Jaua.