El artículo que anexo a continuación es una síntesis macabra de lo que ocurre en Venezuela. ¿Cómo se puede explicar que un Gobierno haga esto? No existe referencia alguna de racionalidad, de responsabilidad con las funciones del Estado que justifique tamaña distorsión social, rayana en crimen de Lesa Humanidad.
Y es así como se está manejando todo en mi desgraciado país, porque lo que ha hecho el castrochavismo con Venezuela es eso, desgraciarla a niveles impensables, en lo económico, lo moral, lo social, en la aplicación de justicia, en la autoestima misma de cada venezolano de bien.
¿Es parte del "plan"? ¡Perversidad en grado de excelencia!
SANTUARIOS DE DELINCUENTES PROTEGIDOS POR EL RÉGIMEN: “Zonas de paz” encubren reinado de terror del hampa
Los constantes episodios de violencia que ocurren en los complejos urbanísticos desarrollados por el Gobierno venezolano del programa Misión Vivienda, o la zozobra permanente en la que viven los habitantes de las “Zonas de Paz” instauradas por el Ministerio del Interior, pueden atribuirse a hechos cotidianos que ocurren como consecuencia de los altos índices de violencia que hay en toda Venezuela; sin embargo, la realidad se esconde detrás de mecanismos de control social que ha implementado el Gobierno venezolano, en los cuales se les ha permitido a grupos delictivos que sean los que establezcan normas de convivencia al margen de las leyes.
panampost.com / Thabata Molina
La masacre ocurrida el pasado 26 de abril en el complejo urbanístico Lomas de Guadalupe II, en Ocumare del Tuy, a una hora de Caracas (en una “Zona de Paz”), donde fueron asesinadas diez personas que se encontraban en una fiesta, mostró al país el verdadero rostro de la anarquía y la impunidad instaurada en estas áreas protegidas por el Gobierno venezolano.
Los diez asesinados (seis de ellos de una misma familia) y tres heridos, fueron separados del resto de los asistentes a la fiesta por los pistoleros y luego masacrados sin piedad, en una balacera que duró 20 minutos. El urbanismo, que congregaba a 60 familias, quedó prácticamente vacío después del hecho, porque los exresidentes tienen miedo a las bandas criminales que operan en la zona.
No solo fueron estas 10 víctimas en un mismo episodio, sino que al día siguiente, un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana fue asesinado por la explosión de una granada, en pleno operativo que realizaban en otro complejo de Misión Vivienda, conocido como Betania II, para hallar a los homicidas que participaron en la masacre.
¿Cómo empezó todo esto?
En septiembre de 2013 se comenzó a hablar de las ahora famosas “Zonas de Paz”, implementadas en los municipios con los índices delictivos más altos del estado Miranda, en el centro de Venezuela, como parte del “Movimiento Por la Paz y la Vida”, impulsado por el Gobierno de Nicolás Maduro. Se decía que la intención era desmovilizar a las bandas delictivas de la zona, a fin de incorporarlos a la sociedad, a través del trabajo comunitario y el desarme voluntario.
El discurso oficial pretende ahora hacer ver que no existen tales “territorios de Paz”, a pesar de que durante los últimos 18 meses, José Vicente Rangel Ávalos, viceministro de Política Interior y Seguridad del Ministerio de Relaciones Interiores ha hablado en reiteradas oportunidades sobre el trabajo que supuestamente estaba realizando su despacho en estas localidades.
En un informe elaborado a finales de 2014 por el Grupo Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional, los militares advertían que en el área de Barlovento, en el estado Miranda, estas zonas de paz se habían vuelto “campo de actuación criminal”, a consecuencia de las constantes restricciones que tienen los organismos de seguridad del Estado de hacer procedimientos e investigaciones en estos sectores delimitados por las autoridades del Ministerio de Relaciones Interiores. El informe señala la existencia de por lo menos seis bandas delictivas dedicadas a la extorsión, el secuestro, narcotráfico y sicariato en esa zona, que está a menos de cien kilómetros de la capital.
A su vez, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, que es la principal policía de investigación criminal de Venezuela, también recibió órdenes directas de no realizar procedimientos en las Zonas de Paz. En un comunicado enviado a los funcionarios se les ordenó que, en caso de que ocurra alguna irregularidad en estas áreas protegidas, solo deben ser notificadas a la superioridad.
Estas medidas fueron ordenadas a consecuencia de lo ocurrido en enero de 2014, cuando un grupo de delincuentes, conocidos como “Los Orejones”, tomaron el pueblo de Ocumare del Tuy y amenazaron con atacar la sede del Cicpc, después que tres de sus integrantes fueran ultimados en un procedimiento con la policía científica. Los delincuentes cercaron la entrada al pueblo y con sus armas largas amedrentaron a los habitantes y comerciantes de la población, sacaron a los niños de los colegios y amenazaban con arremeter contra los cuerpos de seguridad.
“Esto se va poniendo cada vez peor; los medios que utiliza el Gobierno y que para controlar a los delincuentes son pura pantalla, porque por debajo lo que hay es apoyo al crimen. Las zonas de paz son auténticos refugios de malandros, que solo han servido para el aumento de la delincuencia. De eso puede dar fe cada una de las policías de esas zonas y la gente que vive ahí. Esa es una prueba de la protección del delito por parte del Estado”, expresó el padre Alejandro Moreno, quien es psicólogo y doctor en Ciencias Sociales con más de 30 años de experiencia en trabajo social en barrios de Caracas.
En principio se dijo que lo que se buscaba con las “Zonas de Paz” era evitar los enfrentamientos entre bandas delictivas. Se trataba de una especie de pacto de no agresión entre grupos, con la intención de reducir la cantidad de homicidios en esas áreas. Sin embargo, al prohibírseles a los cuerpos policiales la realización de operativos en estos lugares, las bandas criminales dejaron de enfrentarse entre ellas, pero continuaron azotando a sus comunidades.
En principio se dijo que lo que se buscaba con las “Zonas de Paz” era evitar los enfrentamientos entre bandas delictivas. Se trataba de una especie de pacto de no agresión entre grupos, con la intención de reducir la cantidad de homicidios en esas áreas. Sin embargo, al prohibírseles a los cuerpos policiales la realización de operativos en estos lugares, las bandas criminales dejaron de enfrentarse entre ellas, pero continuaron azotando a sus comunidades.
“¿La gente del Gobierno pensó que con un discurso de amor y paz iba a apaciguar la violencia? Lo que hicieron fue crear espacios para resguardar más delincuentes. Esas zonas de paz son solo un refugio de criminales a los que no tiene acceso la policía”, expresó Javier Gorriño, exfuncionario de la antigua Policía Técnica Judicial.
Tanto Gorriño como otros expertos han señalado que el Gobierno utiliza la violencia de los delincuentes para cohibir a la población de protestar. El secretario de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, señala que “los colectivos (grupos paramilitares prooficialistas) apoyan al Gobierno cuando el Goblos llama, y mientras no los llaman, con las armas que les dio el Gobierno, roban y matan a la población”.+
Desde la cárcel para la sociedad
La misma ola de violencia de las zonas de paz se replica con regularidad en las estructuras de Misión Vivienda. La falta de control y supervisión dentro de esas comunidades ha hecho que prolifere la estructura de organización idéntica a la que impera en las cárceles venezolanas, donde un “pran” o líder se impone, se hace acompañar de un grupo armado y someten a los habitantes de los edificios.
“Es que la estructura de las cárceles está pasando a la sociedad. Todo parece un plan del Gobierno, donde se les va dando poder a estos “pranes”, que normalmente están vinculados del alguna manera al poder del Gobierno, para que sometan a la gente. Ellos no hacen nada por eliminarla, sino que más bien las organizan”, expresó Moreno.
No es casual que justamente de un urbanismo de Misión Vivienda ubicado en el oeste de Caracas hayan vivido los delincuentes que asesinaron al diputado oficialista Robert Serra en octubre de 2014, después que su escolta Edwin Torres los contratara para tal fin. En esos mismos edificios (con unos 500 apartamentos cada uno, los más grandes de la Misión Vivienda en Caracas) y conocidos popularmente como “Rodeo I” y “Rodeo II”, en alusión a dos cárceles del estado Miranda, desde que fueron inaugurados en 2013 han ocurrido múltiples homicidios, allanamientos y enfrentamientos entre las bandas que allí operan.
De acuerdo con el diario venezolano El Nacional, solo durante los primeros 4 meses del 2014, han ocurrido 19 homicidios en distintos complejos de la Misión Vivienda en el área Metropolitana de Caracas. Estos hechos se han vuelto recurrentes en urbanizaciones construidas por el “chavismo”, donde la cotidianidad de sus habitantes incluye homicidios, tráfico de drogas y conflictos hasta por el control de los apartamentos.+
“No hubo ningún tipo de control sobre la gente que iba a vivir en esos apartamentos. Se le entregaron a cualquiera y poco a poco se fueron llenando de delincuentes. Ahí –en Misión Vivienda- hay gente que no está contenta con eso, que son sometidos por las bandas, que tienen que pagarles por seguridad a esos grupos de delincuentes que controlan todo, igual como sucede en las cárceles del país, que les cobran a los presos por respirar”, advirtió Gorriño.
El experto señaló que en el caso de los complejos habitacionales construidos por el Gobierno venezolano, la prohibición de las policías de entrar a estos edificios es un pacto similar al que las autoridades del Ministerio de Servicios Penitenciarios tienen con los pranes en las cárceles.
“Mientras ellos mantengan ‘la paz’ dentro de los penales, nadie se acuerda que existen los pranes. Lo mismo pasa en Misión Vivienda, mientras esos malandros se encarguen de mantener a la gente controlada y sometida, no habrá ninguna autoridad que entre a esos edificios a buscarlos”, dijo.
Todavía falta ver si verdaderamente se ejecuta la orden que fue dada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de “sacar de los apartamentos de los complejos de Misión Vivienda a todas aquellas personas que estén implicadas en la comisión de algún delito”, luego de que se cometieran los diez homicidios en Ocumare del Tuy.
