La revolución que arruina a Venezuela

Ningún organismo se atreve a decidir a favor de ex trabajadores de Agroisleña

11/12/2010 | 6:24 PM

(Elizabeth Briceño Méndez) “Primicia de ‘Aló Presidente’. Agroisleña está expropiada. Ven a mí que tengo flor”. Con estas palabras, el mandatario nacional anunció el 3 de octubre de este año, la nacionalización de la empresa de capital español que por 52 años se mantuvo como uno de los más importantes aliados del agricultor venezolano.

La medida se oficializó al día siguiente, el 4 de octubre y, de inmediato, comenzó la ocupación de todas sus agencias por parte de los organismos agrarios del Estado, acompañados por la Fuerza Armada Nacional, gobernadores, alcaldes, dirigentes y militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Con ello también vino la resistencia de los centenares de empleados, productores y gremios empresariales, que la consideraron como negativa y un zarpazo más a la empresa privada, con la que el gobierno avanza en su proyecto de eliminarla, para “acelerar la construcción del socialismo”.

Mucho se ha dicho sobre la decisión y su impacto en la economía nacional; pero poco se ha hablado de la situación que vivieron y viven los que por años consideraron a Agroisleña como su casa: los trabajadores, muchos de los cuales tienen hasta 30 años de servicio y a quienes desde aquel 3 de octubre les cambió radicalmente su modo de vida, al temer por la pérdida de su estabilidad laboral o al verse sometidos a toda una suerte de situaciones que, hasta ese momento, eran desconocidas para ellos, aunque el decreto de expropiación ordena “velar por los derechos y garantías de los trabajadores”.

“Para nosotros fue un shock. La gente se sintió desconcertada, hubo mucho desasosiego, nadie quería una expropiación; incluso, ni los que trabajan allí y son simpatizantes del proyecto de Hugo Chávez”, afirma la licenciada Francis Rivas, ex gerente de Recursos Humanos de la que hoy es denominada Agropatria, “aunque no existe legalmente, porque ni siquiera cuenta con el Registro Único de Información Fiscal (RIF)”.

-Cuando escuchamos la palabra expropiación la incertidumbre se apoderó de nosotros. No sabíamos lo que era, solo que la empresa pasaba a manos del gobierno, pero jamás nos imaginamos que este proceso fuera tan traumático, destacó.

Y es que desde la “ocupación” han sido despedidos 50 empleados, desde cargos gerenciales hasta abajo, y otros 74 han presentado su renuncia “voluntaria” o “forzada” al no compartir el “modelo gerencial” que se impone; otros, simplemente resisten llevados por sus circunstancias económicas.

Rivas cuenta que desde el mismo momento en que el Estado asumió Agroisleña, comenzaron los vejámenes contra los trabajadores, a quienes –asegura- aún los partidarios del gobierno los ven como “enemigos” y como tal los tratan.

-Muchos se vieron forzados a renunciar por el amedrentamiento, por las condiciones de trabajo impuestas y a las que no estaban acostumbrados. Fue una toma militar violenta, hubo agresiones verbales y hasta físicas. Los “cacheos” al entrar y al salir de las sedes eran agresivos y el personal no estaba acostumbrado a ello y, por supuesto, se produjeron enfrentamientos, indicó.

“Algunos de los que tomaron las oficinas, por lo menos en la sede central -y tenemos información que igual sucedió en otras agencias- estaban identificados con logos del Ministerio para la Agricultura y Tierras; no obstante, la mayoría era gente armada, ‘paramilitares’ que sólo tenían una franela con la cara del Che Guevara y otros con franelas rojas. Los pocos militares que llegaron era de la reserva, la GNB poco intervino”, manifestó.

En su caso, estuvo en la empresa hasta el 14 de octubre, 10 días después de la ocupación. El día que se produjo la intervención –relata- había una mezcla de todo. El viceministro Iván Gil nos garantizó estabilidad y que las condiciones de trabajo se iban a mantener, lo que quedó registrado en toda la prensa. Al siguiente día, yo ya tenía a la persona que iba a ocupar mi cargo al lado. Esperaba que realmente hubiese una transición, aunque uno está claro que cuando se produce una confiscación, no pueden dejar al personal de confianza.

Otro de los hechos que la motivó a tomar la decisión de abandonar la empresa “aunque desde el mismo momento en que el Presidente anunció la expropiación, supe que ese ya no era mi lugar y que solo estaría para ayudar a mis compañeros”, fue que el 12 de octubre, aprovechando que era feriado, los interventores forzaron todas las puertas de las oficinas, desordenaron documentos en toda el área administrativa, e incluso las bóvedas donde se encontraban los documentos originales de la empresa, algunos de los cuales “desaparecieron”.

De hecho –prosiguió- cuando renuncié, desde la semana anterior tenía la carta de despido. Yo no quiero trabajar en una empresa del Estado, de este Estado por lo menos, de este gobierno. Nunca he trabajado en la administración pública, porque creo que ningún gobierno es un empresario eficiente. Por una cuestión conceptual no iba a trabajar allí y lo comprobé, porque el gobierno cada vez que entra a una empresa la maneja con criterios políticos, la destruye y ahí no tiene ningún sentido un cargo como el mío que es para motivar a los trabajadores a ser más productivos. El objetivo de una empresa privada es el lucro que beneficie a todos, mientras más ingresos tienes, hay más beneficios para los trabajadores. El tema es ganar-ganar.

Terrorismo laboral

Aunque ya no está en Agroisleña, Francis Rivas no ha perdido su vinculación con los trabajadores, y por ello conoce todo lo que está sucediendo adentro, no sólo en el área de personal sino operativa.

Asegura que lo que se vive es una situación de “terrorismo laboral”. Los trabajadores activos sufren desplazamiento de sus sitios de trabajo; adicionalmente, les han privado de las herramientas necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Los tratan como a delincuentes, son revisados al entrar y al salir; además de que les prohibieron el acceso a algunas áreas. La mayoría está confinado a unos pasillos o se sientan de silla en silla, en el argot popular los tienen “jugando banco” para forzarlos a renunciar; porque eso si, “el Gobierno se ha cuidado de no hacer despidos masivos, y más bien está apostando a una renuncia masiva”.

-La presión psicológica es fuerte. Hay terrorismo laboral. Les ponen música de Alí Primera desde que comienza la jornada hasta que termina a las 5:30 de la tarde. Además, se meten en los computadores y les ponen un protector de pantalla y un tapiz de Agropatria y cuando los trabajadores lo quieren quitar surgen enfrentamientos. Como terroristas entraron desde el primer día en que impusieron la medida, el 5 de octubre, aseveró Rivas.

Recuerda que a días de la ocupación, el presidente Chávez tenía previsto hacer un pase a su programa dominical desde la agencia Turmero. “Allí obligaron al personal a trabajar 24 horas interrumpidas, sin dormir ni descansar dentro de la agencia, para después estar en el show que lo tenían que armar”.

Improvisación

La ex gerente de recursos humanos de Agroisleña asegura que el gobierno no tenía claro “y aún no lo tiene”, el funcionamiento de una empresa como ésta, al punto de que desde que ella salió del cargo, en apenas dos meses, han sido designadas tres personas para ejercerlo y, lo peor, es que no están entrenadas profesionalmente para hacerlo.

-Fue tanta la improvisación de los primeros días, y que aún se mantiene, que en mi caso, hubo informaciones que me pidieron hasta siete veces. El área de informática fue la primera que desmantelaron. De allí y amedrentándolos con armas para que entregaran las claves sacaron a todo el mundo. En esas oficinas había más gente armada que de civil, comenta.

No obstante, afirmó que pese a toda la parafernalia del Estado, no han podido hacer fluir las operaciones de la empresa. Se calcula que las operaciones están en un 20% y quizá hasta menos.

La producción de agroquímicos en las plantas Inica, Proyefa y Sintec, pertenecientes al grupo, se encuentran a su mínima capacidad por falta de materia prima, esto debido a que fue despedida la plantilla del personal y ahora el procesamiento de insumos es más lento; además, en las agencias comerciales no hay reposición de inventario y el que existe, que fue el que dejó la anterior directiva de Agroisleña, ya se está agotando.

Además, el sistema computarizado de manejo de datos ha sido tan intervenido, que no funciona. Sacan cheques manuales, “lo que es grave por el volumen de dinero que maneja la empresa”; no cuadran inventarios, cuentas, gastos, balances. Se han acumulado cuantiosas deudas con los proveedores y a los productores que arriman la cosecha a los silos les exigen ir a actos políticos para que se los entreguen. Muchos han ido y se han encontrado con la sorpresa de que su dinero no ha salido.

“Hay departamentos enteros que no están haciendo nada, como el de control administrativo. No hay control. Lo que están haciendo es lo básico, pagar la nómina, sacar los cheques y vender el inventario que dejó Agroisleña. No tienen materia prima, no tienen envases. Hay toda una infraestructura para producir y eso está parado. No saben lo que están haciendo, porque creo que el fin último es acabar con Agroisleña”, aseveró.

-Para levantar una empresa, su producción, hace falta voluntad, trabajo y conocimiento y ellos no tienen nada de eso. Ya lo han demostrado, han puesto gente que ahora es gerente y no tiene ninguna experiencia en esa área. La empresa es un engranaje perfecto y si uno falla, falla todo, puntualizó Rivas, quien sabe que quienes están adentro no quieren tener la vinculación, porque les pueden imputar la responsabilidad de los desastres administrativos que se están cometiendo.

Indefensos

De los trabajadores que han sido despedidos o forzados a renunciar, al menos 100 se sienten indefensos ante un Estado todopoderoso. Salieron de la empresa con el sueldo que recién habían cobrado y aún no saben cuándo les cancelarán las prestaciones sociales y otros compromisos. A un grupo que salió esta semana de la planta Inica, en La Victoria, estado Aragua, si les pagaron, pero sencillo.

Los que aún esperan han acudido a la Inspectoría del Trabajo para que les califique el despido, al Inpsael para denunciar las condiciones en que laboran y lo que han recibido son burlas y malos tratos y es que, como afirman, nadie se atreve a fallar a favor de un trabajador de Agroisleña.

Pese a esto, resisten y continúan exigiendo a las autoridades ejecutoras de la medida de expropiación, la liquidación inmediata de las prestaciones sociales y de las comisiones de los técnicos aún activos, pues estos derechos constituyen al día de hoy el único recurso con el que contaban para la manutención de sus familias.

A la fecha, sólo a un grupo de los 260 técnicos de campo les han cancelado algo de lo que les deben (entre comisiones y viáticos), una situación que afecta directamente la atención que ellos prestan a los productores agrícolas, “a los que Agroisleña les proveía todo, menos la tierra”.

Con la quincena

Otro que conoce muy bien lo que significa que una empresa pase a manos del Estado es el ingeniero Alejandro Giraud, quien se desempeñaba como gerente de Relaciones Institucionales y manejaba todo lo relacionado con los proyectos de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti), además de las relaciones con las comunidades.

No duda en afirmar que la expropiación de Agroisleña es una medida política, por cuanto “el gobierno se quiere apropiar de los medios de producción privados”, y aunque ésta no es la primera empresa confiscada, considera que ha tenido resonancia por la violencia con la que se produjo la ocupación.

- Se dijo que era una ocupación temporal y a los dos días apareció el tribunal agrario y removió a toda la junta directiva de todas las empresas afiliadas. Eso golpeó fuertemente al personal que esperaba que hubiese una transición tranquila. De hecho, la junta directiva recomendó acatar la disposición del Estado. No compartimos la expropiación, pero lo primordial era no afectar a los agricultores, expresó Giraud.

No duda en afirmar que de parte de los trabajadores hubo y sigue habiendo resistencia “y es que cómo no la va a haber, si por lo menos usted tiene su oficina y se la saquean, usted tiene que enfrentarse a eso. En mi caso, estuve un mes en la oficina sin hacer absolutamente nada, salvo apoyar a mis compañeros y ellos a mi. No me llamaron para preguntarme qué hacia yo, cómo podía ayudar a la nueva empresa, si estaba interesado en aportar mi conocimiento para ayudar al trabajo, y eso que era el responsable de las relaciones con la comunidad y los proyectos sociales”.

A Giraud lo botaron siendo miembro de una mesa de diálogo que se instaló para tratar de ponerle freno a tanto abuso que se cometía y se sigue cometiendo contra el personal. “En Agroisleña jamás preguntaban de qué partido era uno, incluso, muchos chavistas trabajaban allí. Por eso instalamos la mesa de diálogo, para exigir respeto, porque los atropellos no tenían límites; incluso, con las mujeres se ensañaron más que con los hombres. Hasta hubo robos y hurtos. En esa mesa de diálogo nos dijeron que no tenían respuesta y a los dos representantes de los trabajadores que la integrábamos lo que hicieron fue entregarnos la carta de despido el 28 de octubre. Desde entonces, he continuado apoyando las actividades que se están haciendo. Nos quedamos con la quincena que teníamos en el bolsillo. A lo mejor no nos van a pagar nunca lo que nos deben”.

Además del “problema país” a este grupo de trabajadores también los mueve su parte personal. Se preocupan porque llegó diciembre y no tienen cómo mantener a sus familias. “Nos botaron injustificadamente y no sabemos cuándo van a pagarnos. Nadie quiere fallar a favor del personal de Agroisleña. Ni siquiera la fiscalía de la mujer ha actuado por las aberraciones a las que fueron sometidas las trabajadoras”, agregó.

Resistiendo

Al igual que la licenciada Francis Rivas, el ingeniero Alejandro Giraud no cuestiona a los que se quedaron en “Agropatria”, porque saben que no es fácil estar en la situación que tanto ellos como el resto de despedidos se encuentran. “La gente prefiere aguantar el palo de agua, están corriendo la arruga, tratando de sobrevivir. La solidaridad en Agroisleña contra la expropiación, ejecutada con odio, sigue intacta Es una tragedia”.

Aseveró que Agroisleña era una empresa familiar, por lo que cuando se bota a alguien, seguro que también está botando a la esposa y al hijo, “porque esa es una de las características de las empresas familiares, si alguien es bueno, su hijo que se acaba de graduar también es absorbido. En Agroisleña hay cuatro o cinco trabajadores que son familia. No había una estructura vertical, todos nos tratábamos igual, lo que no sucede ahora. El gobierno está jugando con la estabilidad emocional, laboral y económica de un grupo de personas que no sabe qué va a pasar en enero, cuando se cumplan los 90 días de la ocupación temporal”.