Aferramiento al poder y recriminación internacional Ahora bien, en el primer semestre de 2001 prosiguieron los episodios de hostigamiento, algunos terminados con la muerte de las víctimas, los sabotajes y los ataques contra personas y propiedades ligadas a la oposición. Mugabe, pese a su edad, aspiraba al tercer mandato sexenal y el horizonte de las presidenciales de 2002 vigorizó todas las maniobras del poder para ganar esas elecciones, a cualquier precio. En abril de 2001 se aprobaron sendas leyes que restringían las libertades de la oposición; la primera establecía una limitación en el acceso a los medios de comunicación y la segunda prohibía la financiación de los partidos desde el extranjero, una medida destinada a cercenar los fondos procedentes de la comunidad blanca con destino al MDC. Al mismo tiempo, se registraron ataques, y no meramente administrativos, contra el poder judicial y la prensa independiente. A mediados de agosto, mientras varios batallones totalizando 5.000 soldados proseguían su retirada del Congo, el entorno de Mugabe volvió a la carga con su retórica belicista, caldeando el ambiente para una nueva y caótica ola de allanamientos de granjas, muchas veces dando pie a la destrucción irracional de bienes y el incendio de pastos y plantaciones tabaqueras. El vicepresidente Joseph Msika negó que los blancos fueran "seres humanos" y el propio Mugabe advirtió que la reforma agraria iba a acelerarse sin importar las consecuencias internacionales para Zimbabwe; los granjeros blancos que quedaban debían, pura y simplemente, abandonar sus posesiones sin derecho a compensación. Esas derivaciones internacionales empezaron, ciertamente, a manifestarse, y eran absolutamente nocivas para el país. En la cumbre presidencial de la SADC el 10 de septiembre en Harare, Mugabe tuvo que escuchar de sus huéspedes, con el malawi Bakili Muluzi llevando la voz cantante, la severa advertencia de que la reforma agraria unilateral y por la fuerza estaba dañando las economías de toda la región, así como creando un clima de inestabilidad desfavorable para las inversiones foráneas. A final de año, los medios regionales informaron que el presidente sudafricano, Thabo Mbeki, estaba furioso con Mugabe por, a tenor de los hechos, haber ignorado el acuerdo de principio firmado en septiembre con la mediación del Gobierno de Nigeria para terminar con las invasiones violentas de granjas. En su huida hacia delante, el mandatario zimbabwo declaró el 15 de diciembre la "verdadera guerra" a sus enemigos políticos internos mientras el partido multiplicaba la movilización de militantes con parafernalia militar. El 10 de enero de 2002 el Gobierno de Harare fue objeto de la enésima andanada de reproches internacionales, con el británico Tony Blair entregado a una porfía casi personal con Mugabe, por la aprobación parlamentaria de sendas normativas sobre la tipificación como delito criminal de la crítica al presidente, la prohibición de los monitores electorales independientes y la sustracción del derecho al voto a los zimbabwos en el extranjero. Con la amenaza de sanciones formales de la UE y Estados Unidos y la suspensión de la Commonwealth, el consenso roto en la SADC y una atmósfera de tensión extrema en el país, se llegó a la campaña para las elecciones presidenciales del 9 y 10 de marzo. Sobre el MDC se abatió un vendaval de intimidaciones, hostigamientos y ataques físicos al tiempo que el Parlamento sacaba adelante nuevos instrumentos legales diseñados para reprimir a los descontentos y asegurar la reelección de Mugabe. A Tsvangirai, en concreto, se le enjaretaron todas las imputaciones posibles, incluida la de planear un golpe de Estado, lo que le exponía a ser formalmente acusado de alta traición. La disputa con la UE subió de tono a comienzos de febrero cuando Mugabe ordenó la retirada del jefe de la misión de observadores y rechazó a los monitores de ciertos estados miembros, acusándoles de parcialidad. La respuesta de la organización europea fue, el 18 de febrero, la retirada de toda la misión, 150 personas, y la imposición de sanciones económicas y diplomáticas, consistentes en la interrupción de la ayuda al desarrollo hasta 2007 (110 millones de dólares), el veto a Mugabe y sus ministros para viajar a territorio comunitario y la congelación de sus activos financieros. Todavía tres días antes de las elecciones, el 6 de marzo, Mugabe, desoyendo una sentencia del Tribunal Supremo, dispuso una serie de modificaciones a la ley electoral, siendo la más controvertida la prohibición de observadores locales en los colegios electorales, función que iban a desempeñar en exclusiva los 22.000 funcionarios del Estado. Para UE y Londres, semejantes restricciones reducían las garantías democráticas de los comicios a cero, teniendo además presente que la campaña se saldó con la muerte de 33 personas, casi todos militantes del MDC asesinados por milicianos del ZANU-PF. La primera jornada electoral discurrió en un desorden total, con inmensas colas por la escasez de colegios en las ciudades, donde los apoyos del MDC eran masivos, y lo reducido del horario para votar, detenciones arbitrarias de electores y la omnipresencia intimidatoria de las fuerzas de seguridad. La confusión era mayor al no haberse publicado el censo electoral, produciéndose el hecho esperpéntico de que el propio Mugabe acudió por error a votar a un centro en el que no estaba inscrito. Las urnas se abrieron de nuevo el día 11 en Harare y otros distritos, pero sólo a partir del mediodía, pese a que el Tribunal Supremo había ordenado una tercera jornada electoral completa. La impresión general era que los comicios habían sido todo menos libres y limpios, en la expresión empleada por la Red de Apoyo a las Elecciones (ZESN) formada por observadores independientes del país. Desde luego, el Gobierno opinaba lo contrario, y el día 13 publicó los resultados: el 56,2% para Mugabe contra el 41,9% de Tsvangirai. Las reacciones externas fueron dispares: el Foreign Office británico declaró tener "evidencias claras" de que Mugabe había "robado" la consulta mientras la UE, Estados Unidos y otros países occidentales hacían valoraciones de similar talante; por el contrario, muchos estados africanos, empezando por los de la SADC, defendieron con mayor o menor vehemencia la legitimidad de la victoria de Mugabe. Incluso el presidente ugandés, Yoweri Museveni, oponente en el tablero de ajedrez congoleño, se abonó al argumento de Mugabe de que la victoria de Tsvangirai sólo habría llevado al país al caos. El 19 de marzo la Commonwealth suspendió de pertenencia a Zimbabwe por un año mientras la UE y Estados Unidos ultimaban un endurecimiento de sus sanciones. Nada de ello pareció arredrar a Mugabe, resuelto a imponer la dictadura de hecho. En la toma de posesión, el 17 de marzo, de su nuevo mandato y respaldado por los presidentes de Namibia, Mozambique, Malawi, Tanzania y la República Democrática del Congo, se congratuló de haberle "propinado un magnífico bofetón al imperialismo", anunció la próxima culminación de la reforma agraria y llamó al MDC a cooperar con el partido gobernante para resolver los problemas del país. La oferta conciliadora quedó en entredicho tres dias después con la formulación de cargos criminales contra Tsvangirai, que había declarado haber asistido al "mayor fraude electoral nunca visto" en su vida, por un supuesto intento de asesinar a Mugabe. Ambos líderes desestimaron la propuesta de Nigeria y Sudáfrica de formar un gobierno de coalición.
