La aprobación en primera discusión del proyecto de Ley Electoral presagia tiempos difíciles. La alta dirigencia de la mal llamada revolución, lo sabe. De Miraflores sale, directo, al banquillo del Tribunal Penal Internacional por sus numerosas perpetraciones. Allí radica su apego malsano por aferrarse al poder.
La redacción de la nueva normativa comicial, corrió a cargo de la Comisión de Participación Ciudadana del Parlamento. La misma que recientemente, mutiló de manera inconstitucional e inconsulta, las potestades de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Los venezolanos clamamos por el castigo al sicariato, que es una derivación de la onda expansiva de nuestra violencia e inseguridad. Pero el sicariato legislativo o crimen por encargo de legalidad, cercena las expectativas de paz compatriota, al desconocer la existencia del adversario o pretender reducirlo a la nada. En algún momento sus responsables, tendrán que responder por tal crimen de lesa venezolanidad.
La nuez del asunto ha dejado de ser la suspensión de los sufragios previstos para el presente año. Algo que de por sí, violenta la legalidad electoral, pero que constituye una “pecata minuta”, ante la manera en que se pretenden desnaturalizar las elecciones del futuro.
Se ha hablado poco, de la modificación de las circunscripciones electorales, a través de la nueva normativa.
Tomemos, por caso Maracaibo o Chacao. Por consideraciones que no vienen al caso, en esas localidades el repudio al gobierno de Chávez, es generalizado. Pero el oficialismo, en lugar de hacer el trabajo de persuasión, que es como se captan adeptos de manera legítima, a través de la nueva legislación se ha trazado el objetivo de desmembrar o eliminar por absorción todas aquellas comunidades que no le resultan afectas. Las localidades y vecindades, en general, se suelen amalgamar en tradiciones o lazos históricos, que muchas veces se remontan a siglos. Desconocer tal realidad, deslegitima a quienes resulten electos por resultar cuerpos extraños a las comunidades que se suponen representar.
El principio de la representación proporcional, rige en todo sistema electoral medianamente civilizado. Persigue que el número de parlamentarios refleje el porcentaje de votos obtenido por cada fuerza política. Pero más que eso, intenta que todos los sectores de la población puedan gestionar a través de diputados con los cuales compartan puntos de vista. Cuando se asfixia a un sector de un país, cuando se le niega la mínima posibilidad de contacto con los ámbitos de poder a través de aquellos con quienes se sientan identificados se le está precipitando a las armas. La Cuarta República, con todo y sus deficiencias lo entendió y así fue que pudo, una vez superada la confrontación armada de los años 60, construir en el país un relativo ambiente de paz.
Unas elecciones medianamente limpias, tendrían un solo resultado: Chávez sale de la presidencia. Alterar el espíritu, propósito y razón de unos comicios cristalinos, forma parte de la estrategia general, diseñada para desnaturalizar la voluntad popular y lo que es peor, inocularle el virus de la confrontación, como única manera efectiva de ventilar sus derechos.
Tras del fraude, de la manipulación del voto, tras el objetivo de rebanar la voluntad popular, como quien rebana una butifarra se encuentra el deliberado propósito de empujar a la disidencia, para deslegitimarla y acusarla de terrorista, hacia el despeñadero de la violencia.
Pero ante la estrategia de provocación, la oposición democrática debe persistir en los mecanismos pacíficos. Si hay elecciones, asistir de manera masiva, sin dejar de denunciar las chicanas y manipulaciones. Activar las herramientas de desobediencia civil. Ejercer los recursos que ofrecen las instancias internacionales, pero por sobre todo, emprender una vigorosa cruzada, puerta a puerta, con todos los sectores de la población.
Solo así, podremos desbancar la cleptocracia que pretende hacer tierra arrasada con el futuro de los venezolanos.
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